28 de septiembre: dia por la despenalización y legalización del aborto

La vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo está llena de deficiencias en su desarrollo y aplicación. El gobierno socialdemócrata no la dotó de presupuesto y continúa sin hacerlo, y el PP ahondó en esa política dando apoyo a las organizaciones “provida”, e incluso planteó una reforma pretendiendo volver a 1985 con la ley de supuestos.

No está asegurada la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, alcanzando un precio de unos 1700 euros en la sanidad privada, no se garantiza a las mujeres que sobrepasan las 14 semanas, existe una clara desprotección de mujeres jóvenes migrantes y de las que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como las mujeres víctimas de violencia de género. Todo ello hace que hoy en día en el Estado Español continúen practicándose abortos ilegales y con un importante riesgo para la mujer.

Hay propuestas, más allá de la IVE, relacionadas con la salud sexual y reproductiva, que no se han materializado en políticas generales ni en proyectos sanitarios o educativos. Han desaparecido los servicios de atención e información sexual, consultas jóvenes, centros de planificación familiar, etc. La educación afectiva-sexual ha desaparecido de los currículos educativos, tiene escasísimos recursos en proyectos puntuales autonómicos y locales, y eso provoca el avance de las actitudes machistas entre la juventud.

Los métodos anticonceptivos están prácticamente fuera de la sanidad pública, los preservativos lo han estado siempre, DIU o parches hormonales solo algunos modelos y las pastillas anticonceptivas de última generación, las más demandadas, han sido recientemente excluidas de la seguridad social. Estas medidas objetivamente afectan más a las trabajadoras que sufren en mayor medida los recortes y las políticas antisociales del capitalismo español.

El 90% de interrupciones de embarazos (IVE) se llevan a cabo en centros privados en nuestro país, porque el negocio del aborto está al servicio del capitalismo, que reparte las ganancias con la sanidad privada. En el capitalismo el aborto es un negocio más, la privada siempre está dispuesta, a atender a las mujeres de alto nivel socio económico, para interrumpir el embarazo, sin condiciones, sin plazos, ni preguntas; mientras las mujeres de las capas populares deben enfrentar la decisión de llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal.

La defensa del derecho al aborto libre y gratuito, en la sanidad pública y sin objeción de conciencia, constituye la verdadera garantía del respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que lo que sigue estando en juego es la libertad de las mujeres, especialmente de las trabajadoras, respecto de su cuerpo, de su maternidad y de su vida.

El sistema patriarcal en el que vivimos, al servicio del capitalismo y de la oligarquía que gobierna, necesita del control sobre el cuerpo de las mujeres y la reproducción sigue siendo un mecanismo de control al servicio de las clases dominantes, como modo de garantizar la acumulación y el expolio a la clase obrera.

Desde el PCPE proponemos una serie de medidas mínimas para cambiar esta realidad:

a) Acceso a la educación sexual de la infancia y la adolescencia en la familia, en la escuela, en los centros de salud y en los de planificación familiar. En esas instancias el tratamiento de la sexualidad no debe limitarse al estudio biológico o científico, sino que debe ser comprensible y realista, además de crítico con la ideología patriarcal y la imagen de la mujer que dicha ideología proyecta en los medios de comunicación: el culto al cuerpo, la obsesión por la imagen, la ideología del amor y la mercantilización de la sexualidad (servidumbres que entran en contradicción directa con la falsa imagen de liberalización de la mujer, vendida por el feminismo socialdemócrata).

b) Información pública, adecuada y suficiente en los barrios populares, con acceso libre y gratuito a los métodos anticonceptivos y de planificación para todas las mujeres y hombres, sin discriminación por razones de edad o nacionalidad, con eliminación de las trabas administrativas, burocráticas y los permisos familiares, con inclusión de los métodos anticonceptivos de emergencia, la ligadura de trompas y la vasectomía, sin más requisito que la libre decisión de la persona interesada. Los centros de planificación constituyen una red esquelética y desconocida en muchos barrios populares, donde los sectores más vulnerables y más desprotegidos de la clase trabajadora se las arreglan como pueden para evitar embarazos no deseados. Y, como medida complementaria imprescindible, el impulso a la investigación de anticonceptivos masculinos, así como potenciar la educación y concienciación de su utilización por parte del hombre.

c) Garantizar que la maternidad en las mujeres sea una opción totalmente libre y por tanto que quienes opten por ella no la vean limitada por trabas económicas, sociales ni educacionales. Para ello se deberá incluir en los programas educativos sobre sexualidad, información a las mujeres jóvenes acerca de sus ciclos reproductivos biológicos, así como de las diferentes opciones científicas de reproducción asistida disponibles y procedimientos para la conservación de óvulos. Se deberá ampliar la cobertura pública de los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres mientras medicamente sea viable el embarazo. Creación de un banco público de óvulos y esperma donde las personas puedan guardar su material genético para futuros tratamientos de reproducción asistida, o bien tener acceso a donantes. Mantener y mejorar la legislación que exime a donantes de óvulos o esperma de responsabilidad legal con la descendencia que resulten del uso de su material genético de modo que toda la responsabilidad filiativa sea de la persona que lo utiliza con fines reproductivos”

c) Derecho al aborto libre y gratuito en la sanidad pública, sin objeción de conciencia para el colectivo de profesionales, sin discriminación por razón de edad o nacionalidad, sin requisitos administrativos, burocráticos o familiares. Archivo de los procesos judiciales abiertos contra cualquiera de las personas implicadas en la interrupción del embarazo. Despenalización total del aborto y garantías de privacidad para las mujeres que ejerzan este derecho.

¡Nuestros derechos se defienden y se ganan luchando!